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Categoría: Inteligencia Artificial y otras tecnologías

Derecho penal, inteligencia artificial y tecnología

Información sobre delitos tecnológicos, prueba digital e investigaciones internacionales

Recursos jurídicos para personas, empresas y directivos afectados por fraudes tecnológicos, suplantaciones, deepfakes, accesos ilícitos, ataques informáticos o investigaciones penales en las que los datos, servidores, plataformas o responsables se encuentran en distintos países.

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¿Cuál es su situación?

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Han utilizado inteligencia artificial para suplantarme o engañarme

Información sobre suplantación, fraude, falsedad, manipulación de voz o imagen y obtención ilícita de dinero o información.

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Nuestra empresa ha sufrido un ataque o acceso no autorizado

Recursos sobre accesos ilícitos, daños informáticos, extracción de datos, bloqueo de sistemas y preservación de evidencias.

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Se investiga a la empresa por el uso de una tecnología

Información sobre responsabilidad de la persona jurídica, directivos, empleados, proveedores y controles internos.

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Necesitamos conservar o recuperar pruebas digitales

Recursos sobre dispositivos, mensajes, metadatos, registros, copias forenses, cadena de custodia y validez procesal.

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Los datos, servidores o responsables están en otro país

Información sobre jurisdicción penal, cooperación judicial, obtención de datos y coordinación entre autoridades.

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Se ha difundido un deepfake o contenido manipulado

Recursos sobre falsedad, intimidad, honor, amenazas, extorsión, contenido sexual manipulado y responsabilidad de sus autores.

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Información para analizar y responder al riesgo penal

Todos los artículos, análisis y contenidos publicados por RRYP Global sobre inteligencia artificial, tecnología y derecho penal internacional.

Recursos prácticos

◇

Casos representativos

Asuntos anonimizados sobre investigaciones penales, fraude, prueba digital, tecnología y conflictos con elementos internacionales.

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Jurisprudencia española — CENDOJ

Buscador oficial de resoluciones sobre delitos informáticos, estafas, prueba digital, intimidad, daños tecnológicos y responsabilidad penal.

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Ayuda oficial de INCIBE

Recursos institucionales sobre incidentes de ciberseguridad, fraude, suplantación, protección de dispositivos y respuesta inicial.

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Normativa y recursos oficiales de referencia

Normas españolas, europeas e internacionales sobre delitos tecnológicos, investigación penal, jurisdicción, inteligencia artificial, obtención de prueba electrónica y cooperación judicial. Su aplicación depende de la conducta, los países implicados y la localización de los datos y responsables.

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Código Penal español

Regula, entre otros, estafas, falsedades, accesos ilícitos, daños informáticos, revelación de secretos, intimidad y responsabilidad penal de personas jurídicas.

Consultar en el BOE ↗ ▤

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Regula diligencias de investigación tecnológica, registros de dispositivos, interceptación, conservación y obtención de evidencia digital.

Consultar en el BOE ↗ §

Ley Orgánica del Poder Judicial

Contiene criterios sobre la extensión de la jurisdicción penal española cuando los hechos presentan conexiones internacionales.

Consultar en el BOE ↗ ◎

Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia

Instrumento internacional sobre delitos informáticos, facultades de investigación y cooperación entre Estados.

Consultar en el Consejo de Europa ↗ ↔

Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo penal

Regula en España órdenes y resoluciones penales europeas, incluida la orden europea de investigación y otros instrumentos de cooperación.

Consultar en el BOE ↗ ⌘

Reglamento europeo sobre prueba electrónica

Reglamento (UE) 2023/1543 sobre órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas en procesos penales.

Consultar en EUR-Lex ↗ AI

Reglamento europeo de Inteligencia Artificial

Establece obligaciones y prohibiciones para sistemas de IA. No tipifica por sí mismo todos los delitos, pero puede resultar relevante para valorar deberes y riesgos.

Consultar en EUR-Lex ↗ i

Eurojust y ciberdelincuencia

Información institucional sobre cooperación judicial penal y coordinación de investigaciones transfronterizas de ciberdelincuencia.

Consultar recurso oficial ↗

Preguntas frecuentes

¿Usar inteligencia artificial para suplantar a una persona puede ser delito?
Depende de la conducta, la finalidad y el perjuicio. La utilización de voz, imagen o identidad manipuladas puede relacionarse con estafa, falsedad, amenazas, extorsión, intimidad u otros delitos.
¿Qué delitos pueden cometerse mediante un deepfake?
Un deepfake no constituye automáticamente un delito. Su creación o difusión puede tener relevancia penal cuando se utiliza para engañar, extorsionar, perjudicar la intimidad, difundir contenido sexual o atribuir falsamente conductas.
¿Qué país investiga un delito cometido por internet?
Puede depender del lugar de actuación, del resultado, de la residencia de autores y víctimas, de la localización de sistemas y de las reglas nacionales e internacionales de jurisdicción.
¿Puede responder penalmente una empresa por el uso de una tecnología?
En los delitos y condiciones previstos legalmente, una persona jurídica puede responder por hechos cometidos en su nombre o beneficio. Deben revisarse la conducta, los responsables y los controles implantados.
¿Cómo se conserva una prueba digital?
Debe preservarse su integridad, origen, contexto y trazabilidad. Según el caso puede ser necesaria una copia forense, intervención pericial, acta notarial o solicitud judicial de conservación.
¿Puede obtenerse información de una plataforma situada en otro país?
Puede requerir órdenes judiciales, instrumentos europeos, cooperación internacional o solicitudes dirigidas a proveedores. La vía depende del país, del tipo de dato y de la urgencia.
¿Qué debe hacerse después de un ataque informático?
Conviene contener el incidente, preservar evidencias, documentar actuaciones, identificar sistemas afectados y valorar comunicaciones a autoridades, aseguradoras, clientes y personas afectadas.
¿Puede investigarse un dispositivo sin autorización de su titular?
El acceso a dispositivos y comunicaciones puede afectar a derechos fundamentales. Debe existir la habilitación legal y, cuando proceda, autorización judicial proporcionada y suficientemente motivada.

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