Lidiar con la compleja burocracia de las administraciones públicas no es una tarea fácil, especialmente si, tras cumplir con los trámites del procedimiento administrativo común, solicitamos un acto administrativo que no se nos concede, o se nos deniega recurso contra uno impuesto por la administración.
En estos casos, parece que todas las vías están cerradas y no estamos correctamente defendidos ante la administración, pero para estas situaciones está el recurso contencioso-administrativo, del que hablaremos en este artículo.
El derecho administrativo y el procedimiento administrativo común
El derecho administrativo es un área del derecho que se ocupa de la interacción entre las administraciones públicas (el conjunto de órganos y entidades que sirven con objetividad a los intereses generales ejecutando las leyes y prestando los servicios públicos correspondientes) y los administrados (refiriéndose al conjunto de la población sujeta a estas Administraciones Públicas) e interesados (refiriéndose a las personas que promueven un procedimiento administrativo o, sin promoverlo, ostenta derechos que se pueden ver afectados por la resolución que se adopte en él).
En este derecho administrativo, se produce el procedimiento administrativo, un sistema de trámites conectados y regulados desarrollados por las administraciones públicas para producir, modificar, extinguir o ejecutar una disposición final: el acto administrativo, que a su vez es una decisión tomada por una administración pública en ejercicio de su potestad administrativa.
Esto puede parecer complejo, pero lo que quiere decir es que la administración pública, que es lo que tradicionalmente consideramos “poder ejecutivo”, puede tomar decisiones acordes a su competencia siempre que estas vayan acorde a una sucesión de trámites que sean acorde con las distintas normas que regulan el procedimiento administrativo así como otras leyes que afecten a aquello sobre lo que se produce el procedimiento.
El acto administrativo y los recursos
Pongamos un ejemplo:
Antonio quiere hacer una importante reforma de su casa, lo que implica un permiso de obra. Para obtener un permiso de obra, Antonio tendrá que dirigirse al ayuntamiento competente e iniciar un procedimiento administrativo para solicitar este permiso de obra.
En este procedimiento habrá varios actos, por ejemplo, en uno de ellos se le puede informar a Antonio que necesita corregir algún error en la solicitud presentada, en otro se puede indicar a Antonio que necesita un informe de un arquitecto y en otro se pondrá fin al procedimiento, concediendo o no, el permiso de obra.
La cuestión es, ¿qué sucede si alguno de estos actos administrativos no respeta las normas que afectan al proceso o a las normas generales que afectan a los permisos de obra?
Para ello están los recursos administrativos.
Los actos administrativos se pueden recurrir mediante recursos administrativos que harán que la misma administración (mediante el recurso de reposición) u otra superior (mediante recurso de alzada) revisen el acto que ha recurrido y analicen si se han cumplido todas las normas pertinentes para emitirlo, pudiendo estimar o desestimar el recurso planteado.
Cuando interponemos este recurso aún estamos muy lejos de los tribunales, no es el poder judicial, sino el mismo poder ejecutivo, el que está evaluando la conformidad a derecho de este acto administrativo. De esta forma, la administración pública es a la vez “juez y parte”, lo que, en ocasiones, puede llevar a situaciones de indefensión para el interesado.
Cuando hemos presentado todos los recursos posibles ante la administración por un acto administrativo en concreto (llamamos a esto “agotar la vía administrativa”), tenemos una última opción, el recurso contencioso-administrativo.
Con este recurso sacamos la controversia del ámbito administrativo y pasamos al judicial.
Al plantear un recurso contencioso-administrativo, estamos iniciando un procedimiento judicial con un juez neutral (la judicatura no pertenece al sector ejecutivo, sino al judicial) que valore las posiciones y argumentos del interesado y la administración pública para decidir sobre el acto administrativo que se recurre.
Funcionamiento del recurso contencioso-administrativo
El recurso contencioso-administrativo es un medio legal a disposición de los ciudadanos para impugnar actos y decisiones de la administración pública que consideren contrarios a la ley o lesivos para sus derechos e intereses legítimos.
Este recurso se encuentra regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece los procedimientos y principios bajo los cuales se tramitan estas controversias.
Este recurso se aplica a decisiones finales que ponen fin a un proceso administrativo, pero también a otras situaciones como disposiciones generales de la administración, cuando la administración pública no actúa, aunque debería, o cuando realiza acciones que van en contra de la ley, lo que llamamos la vía de hecho.
¿Cuándo se puede interponer un recurso contencioso administrativo?
Para que una decisión pueda ser impugnada, debe cumplir dos condiciones:
- Primero, debe ser una decisión real de la administración pública, ya sea que esté escrita o que se asuma que existe.
- Segundo, esa decisión debe ser definitiva, es decir, no debe haber más pasos para tomar después de ella o, si todavía hay más pasos, debe tener un impacto tan grande como si fuera la última decisión.
Pasos para interponer un recurso contencioso-administrativo
El procedimiento para interponer un recurso contencioso-administrativo sigue una serie de pasos establecidos por la ley.
- En primer lugar, el interesado debe presentar un escrito de interposición ante el tribunal competente, indicando los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa su impugnación.
- Posteriormente, se abrirá un período de instrucción en el que las partes podrán presentar pruebas y alegaciones, y el tribunal realizará las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
- Finalmente, se dictará una sentencia que resolverá sobre la legalidad del acto administrativo impugnado, pudiendo confirmarlo, anularlo o declarar su nulidad.
Otro ejemplo podría ser el recurso contencioso administrativo para la nacionalidad.
El recurso contencioso-administrativo: Una herramienta para defenderse de la administración
En conclusión, el recurso contencioso-administrativo es una herramienta crucial para los ciudadanos cuando se sienten agraviados por decisiones de la administración pública que consideran contrarias a la ley o que vulneran sus derechos e intereses legítimos.
Este recurso les permite impugnar tales decisiones ante un tribunal independiente, que evaluará la legalidad de las mismas y tomará una decisión imparcial al respecto. Es importante recordar que este proceso sigue una serie de pasos establecidos por la ley, desde la presentación del escrito de interposición hasta la emisión de una sentencia definitiva, garantizando así la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de la administración.
