Una multa siempre es una mala noticia.
Existen multitud de conductas que puedan producir lo que normalmente se conoce como multa, desde saltarse un semáforo en rojo conduciendo, no cumplir con las normativas de sanidad en un establecimiento de restauración o tirar la basura fuera del horario permitido.
Todos estos hechos tienen en común la resolución sancionadora administrativa, por la que se hace efectiva la multa.
En este artículo explicaremos que es esta resolución sancionadora.
¿Qué es una resolución sancionadora?
En el ámbito del derecho administrativo español, una resolución sancionadora es un acto administrativo mediante el cual una autoridad competente impone una sanción a una persona que ha incurrido en una conducta contraria a la normativa vigente.
Las resoluciones sancionadoras son instrumentos fundamentales en el ejercicio del poder punitivo del Estado (es decir, la potestad del Estado de castigar a sus ciudadanos cuando estos actúan contrariamente a la normativa vigente), ya que permiten garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como preservar el orden público y la convivencia social.
Estas resoluciones pueden ser dictadas por diversas autoridades administrativas, dependiendo del ámbito de la infracción y la normativa aplicable.
Es importante destacar que, para que una resolución sancionadora sea válida, debe cumplir con una serie de requisitos y seguir un procedimiento establecido por la ley.
Requisitos de la resolución sancionadora
Fundamentación legal
La resolución sancionadora debe estar debidamente fundamentada en la normativa vigente que establece las conductas sancionables y las sanciones aplicables.
Motivación
La autoridad administrativa debe exponer las razones de hecho y de derecho que justifican la imposición de la sanción, de manera clara y precisa.
Notificación
La resolución sancionadora debe ser notificada a la persona o entidad afectada, para que esta tenga conocimiento de los hechos imputados y de la sanción impuesta.
Derecho de defensa
Se debe garantizar el derecho de la persona sancionada a presentar alegaciones y pruebas en su defensa, así como a recurrir la resolución ante los órganos judiciales competentes.
Proporcionalidad
La sanción impuesta debe ser proporcional a la gravedad de la infracción y a las circunstancias del caso concreto, evitando en todo momento que se impongan sanciones excesivas o desproporcionadas.
Es importante destacar que las resoluciones sancionadoras pueden ser objeto de recurso ante los órganos judiciales competentes, lo que permite garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas y el control de la legalidad de las actuaciones administrativas.
¿Puedo recurrir una resolución sancionadora?
Las resoluciones sancionadoras pueden ser recurridas ante los órganos judiciales competentes.
En el ámbito del derecho administrativo español, existe la posibilidad de interponer recursos administrativos ante la misma Administración que dictó la resolución sancionadora, como por ejemplo, el recurso de alzada o el recurso de reposición, dependiendo de la normativa específica de cada caso.
Además, si la persona afectada considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales o que la resolución sancionadora es contraria a la ley, también puede recurrir ante los tribunales de justicia a través de un recurso contencioso-administrativo, agotada la vía administrativa.
En este caso, los tribunales revisarán la legalidad de la actuación administrativa y podrán anular, confirmar o modificar la resolución sancionadora en función de los argumentos presentados por las partes.
Es importante destacar que los plazos y procedimientos para interponer recursos pueden variar según la normativa aplicable y que es fundamental contar con el asesoramiento de un profesional del derecho para determinar la viabilidad y estrategia más adecuada en cada caso.
Derecho administrativo sancionador
El derecho administrativo sancionador es la rama del derecho siempre que regula el ejercicio del poder punitivo del Estado en relación con las conductas ilícitas que afectan al interés general.
Esta disciplina se encarga de establecer las normas y procedimientos para la imposición de sanciones por parte de la Administración, así como de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en el proceso sancionador.
Una de las principales características del derecho administrativo sancionador es su carácter preventivo y reparador, ya que busca prevenir la comisión de infracciones y restablecer el orden jurídico perturbado por las conductas ilícitas.
Para ello, se establecen sanciones que pueden consistir en multas económicas, la suspensión de licencias o autorizaciones, la clausura de establecimientos, entre otras medidas.
Diferencia con el derecho penal
Es importante diferenciar el derecho administrativo sancionador del derecho penal, ya que ambas disciplinas buscan castigar a los ciudadanos que actúan en contra de la ley.
A pesar de esta semejanza, podemos apreciar diferencias muy importantes:
En primer lugar, el derecho administrativo sancionador se aplica a infracciones de naturaleza administrativa.
Es decir, aquellas que afectan al cumplimiento de las normativas y regulaciones establecidas por la Administración Pública.
Por el contrario, el derecho penal se aplica a conductas delictivas que atentan contra bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, como la vida, la integridad física, la propiedad, entre otros.
Esto implica que las multas (de nuevo, sanciones administrativas) se pueden establecer por reglamentos, es decir, normas aprobadas por la propia administración pública (el poder ejecutivo).
Los delitos y sus penas, por otro lado, solo se pueden establecer mediante una Ley Orgánica que modifique el Código Penal que sea aprobada por mayoría absoluta en las Cortes Generales (el poder legislativo).
En segundo lugar, en el derecho administrativo sancionador la autoridad competente para imponer sanciones es la Administración Pública.
Mientras que en el derecho penal esta función corresponde a los tribunales de justicia.
Además, en el ámbito penal se aplican garantías procesales más amplias, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el principio de legalidad penal, que no tienen por qué darse en el derecho administrativo sancionador.
Por último, las consecuencias de las infracciones en el derecho administrativo suelen ser de naturaleza económica o administrativa, mientras que en el derecho penal pueden conllevar penas privativas de libertad, como la prisión, o medidas de seguridad, como la inhabilitación.
Conclusiones sobre ¿Qué es una resolución sancionadora?
Una resolución sancionadora en el ámbito del derecho administrativo español es un acto mediante el cual una autoridad competente impone una sanción a una persona que ha infringido la normativa vigente.
Para que esta resolución sea válida, debe cumplir con requisitos como la fundamentación legal, la motivación, la notificación, el derecho de defensa y la proporcionalidad de la sanción.
El derecho administrativo sancionador regula el ejercicio del poder punitivo del Estado en relación con conductas ilícitas que afectan al interés general, estableciendo normas y procedimientos para la imposición de sanciones y garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es importante diferenciar el derecho administrativo sancionador del derecho penal, ya que mientras el primero se aplica a infracciones administrativas, el segundo se aplica a conductas delictivas tipificadas en el Código Penal.
Además, las autoridades competentes y las garantías procesales difieren entre ambas ramas del derecho, así como las consecuencias de las infracciones, que pueden variar desde sanciones económicas hasta penas privativas de libertad.
RRYP Global, abogados expertos en Derecho Administrativo.
