Incumplimiento de contrato tecnológico internacional: cómo actuar en España
Cuando una empresa tecnológica extranjera firma un contrato con una empresa española y sufre un incumplimiento contractual (por ejemplo, entrega defectuosa de software, impago, o violación de cláusulas de confidencialidad o propiedad intelectual), es fundamental saber cómo defender sus derechos en España.
Este tipo de litigio por contrato de software internacional puede ser complejo, ya que involucra normas de derecho internacional privado, jurisdicciones y posibles procedimientos transfronterizos.
A continuación, explicamos los pasos clave para actuar ante un incumplimiento de contrato en España siendo una empresa extranjera, abordando aspectos como la cláusula de jurisdicción y ley aplicable, las vías de reclamación (judicial o arbitral), la ejecución internacional de sentencias, las medidas cautelares, la situación de insolvencia de la empresa española y cómo puede ayudar un despacho español de litigación tecnológica internacional.
Cláusula de jurisdicción y ley aplicable en contratos internacionales
Lo primero es revisar el contrato firmado con la empresa española para identificar si existe una cláusula de jurisdicción (fuero) y una cláusula de ley aplicable.
Estas cláusulas determinan dónde y bajo qué ley se resolverá cualquier disputa.
En contratos internacionales es habitual pactar qué tribunales tendrán competencia o si las partes se someterán a arbitraje, así como elegir la ley de un país para regir el contrato.
Jurisdicción (fuero):
Si el contrato incluye una cláusula de sumisión a tribunales, esa elección suele ser vinculante y define en qué país o ciudad se deberá interponer la demanda.
Por ejemplo, las partes pueden haber acordado que cualquier litigio se resuelva ante los tribunales de Madrid, España.
En tal caso, habrá que demandar en España según lo pactado.
Si no hay cláusula de jurisdicción, entran en juego las normas generales de competencia judicial internacional.
En la Unión Europea, el Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis) establece que normalmente se puede demandar a una empresa en el Estado donde tenga su domicilio (sede) o donde debía cumplirse la obligación contractual.
Es decir, si la empresa incumplidora está domiciliada en España, por regla general los tribunales españoles tendrán competencia para conocer del caso, incluso si la empresa demandante es extranjera.
Fuera del ámbito UE, habrá que atender a tratados internacionales o normas españolas de derecho internacional privado, que usualmente llegan a la misma conclusión: el domicilio del demandado o el lugar de ejecución del contrato son criterios clave de jurisdicción.
Ley aplicable
Del mismo modo, la ley que rige el contrato determina cómo se interpreta el incumplimiento y qué remedios existen.
Si el contrato estableció expresamente una ley aplicable (por ejemplo, ley española o la ley del país de la empresa extranjera), esa ley regirá la disputa.
En ausencia de elección de ley, el Reglamento Roma I (CE 593/2008), aplicable en España y la UE, dispone que el contrato se rige por la ley del país con el que tenga los vínculos más estrechos.
Por ejemplo, podría ser la ley del país donde la parte que debe realizar la prestación característica tiene su sede, o donde se llevó a cabo la mayor parte de la ejecución del contrato.
En muchos casos de contratos tecnológicos internacionales, si una empresa española desarrollaba un software para una extranjera, es posible que la ley española resulte aplicable por ser el lugar de ejecución principal, salvo que se haya pactado otra cosa.
Conocer la ley aplicable es crucial, pues define qué constituye incumplimiento, plazos para reclamar, y tipos de daños indemnizables.
En suma, revisar el contrato es el paso inicial: identificar la jurisdicción pactada y la ley aplicable nos dará la hoja de ruta para el reclamo.
Si el contrato carece de estas cláusulas, habrá que asesorarse según las normas internacionales y españolas para determinar dónde y cómo reclamar.
Un abogado especializado puede analizar el contrato y determinar la estrategia adecuada conforme al marco legal (por ejemplo, Bruselas I bis y Roma I en la UE).
Tener claras estas bases evita iniciar acciones en la instancia equivocada o bajo la ley incorrecta.
Vías de reclamación: negociación, demanda judicial o arbitraje
Ante un incumplimiento de contrato, existen distintas vías para reclamar, que conviene agotar en orden lógico.
Inicialmente, se recomienda intentar una solución amistosa; si no prospera, habrá que elegir entre acudir a los tribunales españoles o al arbitraje internacional, según lo que proceda en cada caso.
Requerimiento previo y negociación amistosa
Antes de embarcarse en un litigio, es aconsejable (y obligatorio) agotar la vía extrajudicial (MASC).
Esto implica comunicar formalmente el incumplimiento a la empresa española y exigirle que cumpla sus obligaciones o repare el daño.
La forma habitual de hacerlo en España es mediante un requerimiento burofax con acuse de recibo, que deja constancia fehaciente de la reclamación.
En esa carta de requerimiento se detalla el incumplimiento (por ejemplo, software defectuoso o pagos atrasados), se solicita la subsanación o indemnización correspondiente, y se otorga un plazo razonable para cumplir.
Este paso no solo puede persuadir a la parte incumplidora a negociar, sino que sirve como prueba de que se intentó resolver el asunto de buena fe antes de litigar.
Paralelamente, las partes pueden optar por vías alternativas de resolución de disputas como la mediación o la conciliación.
En la mediación, un tercero imparcial ayuda a buscar un acuerdo mutuamente aceptable, lo cual puede ahorrar tiempo y costes si ambas partes están dispuestas a ceder en algo.
Aunque estos mecanismos no garantizan una solución, demostrar que se intentaron puede ser beneficioso llegado el caso a juicio.
Sin embargo, si la vía amistosa fracasa o si la gravedad del incumplimiento hace inviable un acuerdo, la empresa extranjera deberá recurrir a vías formales para hacer valer sus derechos.
¿Cómo demandar a una empresa española por incumplimiento contractual?
Cuando no hay acuerdo, la empresa tecnológica extranjera puede presentar una demanda judicial en España contra la empresa española incumplidora.
Esto suele plantear la duda: ¿cómo demandar a una empresa española por incumplimiento contractual siendo una entidad extranjera?
En la práctica, el procedimiento judicial será el ordinario español, pero con particularidades logísticas para la parte foránea.
Competencia judicial
Tal como se mencionó, si el contrato u otras normas establecen que la jurisdicción es España, la demanda deberá interponerse ante los tribunales españoles competentes.
En materia de contratos mercantiles (como desarrollo de software, licencias tecnológicas, etc.), normalmente conocerán los Juzgados de lo Mercantil o los Juzgados de Primera Instancia de la provincia donde la empresa demandada tenga su domicilio social o donde debía ejecutarse el contrato.
Por ejemplo, si la empresa española tiene sede en Madrid, es allí donde se interpondrá la demanda, salvo que el contrato fije otro fuero.
Representación legal y procedimiento
La empresa extranjera deberá actuar mediante un abogado colegiado en España y un procurador (representante procesal).
El proceso se conduce en idioma español, por lo que todos los documentos en otro idioma (contrato, correos, documentación técnica) deberán aportarse traducidos oficialmente.
El abogado redactará una demanda exponiendo los hechos, el incumplimiento concreto y las pretensiones (por ejemplo, resolución del contrato y daños y perjuicios, cumplimiento forzoso, etc.).
Se acompañarán las pruebas disponibles: contratos, comunicaciones, informes periciales si los hay (en disputas tecnológicas es frecuente aportar un peritaje informático que acredite fallos del software o violaciones de propiedad intelectual).
Una vez admitida la demanda, el juzgado la notificará a la empresa española demandada para que conteste.
Seguirá una fase de proposición de prueba y, generalmente, una vista o juicio oral para practicar las pruebas (testigos, peritos) y formular conclusiones. Finalmente, el tribunal dictará sentencia.
Plazos y costes
Litigar en España puede llevar tiempo (un procedimiento ordinario de primera instancia podría durar entre varios meses y dos años, según la complejidad y la carga de trabajo del juzgado).
Además, conlleva costes: honorarios de abogado, tasas judiciales (en casos comerciales, las personas jurídicas pagan una tasa al presentar la demanda), gastos de procurador, etc.
No obstante, el sistema español prevé que la parte vencida pague las costas del proceso en la mayoría de los casos, por lo que si la empresa extranjera gana plenamente la demanda, podría recuperar gran parte de esos gastos.
Este riesgo de condena en costas también puede incentivar a la parte incumplidora a buscar un arreglo antes del juicio.
En resumen, demandar judicialmente en España implica adaptarse al procedimiento español, pero garantiza la posibilidad de obtener una sentencia ejecutable contra la empresa incumplidora.
Es importante actuar con asesoría jurídica local experta para cumplir con todos los requisitos formales y diseñar la estrategia más eficaz.
Ejecución internacional de sentencias en España
Lograr una sentencia favorable es solo parte de la batalla; el siguiente paso es hacerlo efectivo, especialmente si hay que perseguir bienes de la empresa española en su país.
La ejecución de sentencias extranjeras en España dependerá de si la resolución proviene de un tribunal español o extranjero, y de si se enmarca en la UE o fuera de ella.
Sentencias dictadas por tribunales españoles
Si la empresa extranjera ha litigado directamente en España y obtiene una sentencia condenatoria contra la empresa española, podrá instar su ejecución ante el mismo juzgado español una vez la sentencia sea firme.
La ejecución implica solicitar embargos de cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles de la empresa condenada en territorio español, para cobrar las cantidades adeudadas o hacer cumplir la obligación impuesta.
El proceso de ejecución en España es bastante directo en este caso, pues no hay que reconocer nada (ya es una resolución local).
El juzgado requerirá el pago voluntario y, de no producirse, ordenará las medidas ejecutivas (embargos, etc.).
Nota: Si la empresa extranjera tiene una sentencia de un tribunal de su propio país pero necesita ejecutarla en España, entonces estamos ante el caso de sentencias extranjeras, que se trata a continuación.
Sentencias extranjeras (de otro país)
Cuando la empresa extranjera optó por litigar en su propio país u otro foro y obtiene allí una sentencia, para hacerla valer contra la empresa española en España deberá pasar por un procedimiento de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera, comúnmente llamado exequátur.
Dentro de la UE, gracias al Reglamento Bruselas I bis, el reconocimiento de sentencias civiles y mercantiles es prácticamente automático y no requiere un exequátur formal: una sentencia dictada en un Estado miembro se reconoce en los demás sin más trámites, y su ejecución es muy simplificada.
Bastará presentar ante el tribunal español la sentencia extranjera y el certificado europeo correspondiente, y se podrá iniciar la ejecución igual que si fuera una sentencia española.
Fuera del ámbito UE (por ejemplo, sentencias de EE.UU. o Latinoamérica), sí se exige un procedimiento de exequátur ante los tribunales superiores de justicia en España.
La ley española de cooperación jurídica internacional (Ley 29/2015) regula este proceso: se verifica que la sentencia extranjera cumpla ciertos requisitos (que haya sido dictada por un tribunal competente, que se haya dado traslado al demandado, que no contradiga el orden público español, etc.).
Obtenido el exequátur, la sentencia extranjera se equipara a una española y puede ejecutarse contra los bienes del deudor en España.
En resumen: es perfectamente posible demandar a una empresa española desde el extranjero y luego hacer cumplir la sentencia en España, pero los trámites variarán según el país de origen de la resolución.
¿Qué hacer si la empresa española es insolvente?
Otro escenario complejo es aquel en el que la empresa española incumplidora se encuentra en situación de insolvencia o entra en concurso de acreedores.
La insolvencia significa que la empresa ya no puede hacer frente a sus deudas exigibles.
Si la parte española se declara en concurso (bancarrota bajo la ley española), el enfoque de la reclamación cambia drásticamente.
Cuando se declara un concurso de acreedores en España, se suspenden las ejecuciones individuales y las demandas de contenido patrimonial contra el deudor suelen quedar en suspenso.
Todos los acreedores deben dirigirse colectivamente en el procedimiento concursal.
¿Qué implica esto para la empresa extranjera?
Comunicar el crédito en el concurso
La empresa extranjera debe personarse en el concurso español y notificar su crédito al administrador concursal (figura encargada de gestionar el proceso).
Hay plazos breves para hacerlo (normalmente un mes desde la publicación del concurso).
El crédito puede ser por daños y perjuicios, por devoluciones de pagos o cualquier obligación incumplida.
Si ya se tenía una sentencia o laudo reconociendo la deuda, se aporta como título; si no, igualmente se describe la reclamación pendiente para que sea reconocida en la lista de acreedores.
Clasificación del crédito
En el concurso, los créditos se clasifican (ordinario, privilegiado, subordinado) según su naturaleza.
Por ejemplo, si la reclamación de la empresa extranjera deriva de suministros o servicios prestados, suele ser un crédito ordinario (cobra en la proporción que corresponda junto con otros).
Si hubiera garantías específicas, podría ser privilegiado.
La clasificación influye en cuánta cantidad se recuperará, pues en la fase de pago, los créditos privilegiados (como hipotecarios, salariales, etc.) cobran antes, y los ordinarios cobran prorrata si sobra, mientras que los subordinados (multas, intereses, etc.) van al final.
Suspensión del proceso judicial
Si la empresa extranjera ya había interpuesto una demanda en España por incumplimiento y luego la empresa española es declarada en concurso, ese proceso judicial puede quedar paralizado.
Las cuestiones puramente declarativas (por ejemplo, determinar si hubo incumplimiento) a veces continúan en tribunales, pero las reclamaciones de pago se incorporan al concurso.
Es decir, no se puede perseguir el cobro por fuera; toca esperar el resultado del concurso.
Acciones a considerar
En caso de insolvencia, además de reclamar el crédito en el concurso, conviene investigar si existieron actuaciones fraudulentas de la empresa española (desvío de activos, insolvencia punible).
Si se detecta fraude, se podrían iniciar acciones de responsabilidad contra los administradores de la empresa española en ciertos supuestos, aunque esto requiere un análisis jurídico profundo y entra en el terreno del derecho concursal penal o de la calificación concursal.
Para una empresa extranjera, esto sería un esfuerzo adicional, pero a veces necesario si la insolvencia parece orquestada para eludir el pago.
¿Y si la empresa se declara insolvente?
En síntesis, si la empresa española es insolvente, la empresa extranjera debe seguir el cauce del concurso de acreedores en España para intentar recuperar lo que pueda.
Es un proceso complejo, donde necesitará representación legal local. Aunque la perspectiva de cobro suele reducirse (dependerá de si la empresa insolvente tiene activos realizables), no reclamar en el concurso equivaldría a renunciar a cualquier posibilidad de cobro futuro.
Por ello, asesorarse sobre los derechos como acreedor foráneo en el concurso español es indispensable.
Cabe señalar que la normativa de la UE (Reglamento (UE) 2015/848) garantiza que los acreedores extranjeros tengan derecho a participar en igualdad de condiciones, recibiendo incluso notificaciones en su idioma para facilitar su intervención.
Un despacho especializado podrá guiar a la empresa extranjera en estos trámites, evitando que pierda plazos o cometa errores formales.
Cómo puede ayudar un despacho español especializado en litigación tecnológica internacional
Navegar un litigio internacional por incumplimiento de contrato en España puede ser desafiante para una empresa extranjera.
Aquí es donde un despacho de abogados español especializado en derecho internacional y litigación tecnológica aporta un valor crucial.
¿En qué aspectos concretos puede ayudar?
Asesoría sobre jurisdicción y estrategia:
Un despacho con experiencia en casos internacionales analizará el contrato y las circunstancias para aconsejar si conviene litigar en España u optar por arbitraje, qué ley es más favorable invocar, y cómo estructurar la reclamación.
Esto incluye interpretar las cláusulas de jurisdicción y ley aplicable, o determinar la competencia judicial incluso cuando no hay pacto expreso.
Tomar la decisión correcta desde el inicio puede ahorrar tiempo y recursos.
Representación ante tribunales españoles
Los abogados locales se encargan de redactar y presentar la demanda en España, cumpliendo con todos los requisitos procesales.
Además, defenderán el caso en los juzgados españoles, dominando el idioma, la terminología legal y la cultura procesal.
Un equipo especializado sabrá cómo presentar eficazmente un caso tecnológico ante un juez español, por ejemplo explicando fallos de software o cuestiones técnicas de forma clara y convincente, muchas veces apoyándose en peritos informáticos.
Ejecución de sentencias
Un bufete especializado conocerá al detalle el procedimiento de exequátur y ejecución en España.
Asistirá en recopilar la documentación necesaria (ej. apostillas, traducciones juradas de sentencias) y tramitará ante los tribunales competentes el reconocimiento de la resolución foránea.
Luego, pasará a la fase ejecutiva: solicitud de embargos, localización de bienes del deudor en España mediante investigadores o herramientas legales (p.ej. solicitudes de información a registros de propiedad, mercantil, etc.).
La experiencia en este campo marca la diferencia para lograr que la sentencia favorable se cobre efectivamente.
Asistencia en situaciones de insolvencia
Si la empresa española deudora cae en concurso, un despacho español guiará al acreedor extranjero por todo el proceso concursal.
Esto incluye presentar la comunicación de crédito, representar sus intereses en la junta de acreedores, y asesorar sobre la mejor estrategia (por ejemplo, apoyar un convenio de pagos aceptable o, si es inviable la continuidad, impulsar la liquidación ordenada de la compañía).
También vigilará posibles abusos, objetará si su crédito no es correctamente reconocido, y podrá emprender acciones de responsabilidad si detecta conductas fraudulentas de los administradores de la empresa insolvente.
En definitiva, contar con abogados expertos en derecho internacional y tecnológico brinda tranquilidad a la empresa extranjera.
Un equipo así combinará conocimiento de la legislación española con comprensión del sector tecnológico, algo esencial cuando se litiga por software defectuoso, licencias o propiedad intelectual.
Además, eliminan la barrera idiomática y cultural: asesorarán en su idioma al cliente extranjero, explicando cada paso, mientras se encargan de los trámites en español.
Su apoyo aumenta las probabilidades de éxito y reduce los riesgos de cometer errores por desconocimiento del sistema legal español.
Conclusión
En casos de incumplimiento de contrato tecnológico internacional, las empresas extranjeras no están desamparadas: disponen de mecanismos legales para defender sus derechos en España de manera efectiva.
Es importante analizar el contrato desde el inicio para saber dónde y bajo qué ley reclamar, intentar soluciones amistosas pero, si no resultan, estar preparadas para litigar en tribunales españoles o vía arbitraje según corresponda.
Una vez obtenido un resultado favorable, habrá que ejecutarlo internacionalmente, para lo cual España ofrece herramientas sólidas, tanto dentro de la UE (donde la cooperación judicial es fluida) como respecto de resoluciones de terceros países mediante el exequátur.
Durante todo el proceso, las medidas cautelares pueden ser sus aliadas para asegurar bienes y detener daños.
Y si la empresa española incumplidora resulta insolvente, integrarse en el procedimiento concursal español es esencial para no perder la oportunidad de cobro.
Palabras clave para buscar soluciones – “incumplimiento contrato España empresa extranjera”, “litigio contrato software internacional”, “cómo demandar a empresa española por incumplimiento contractual” – todas apuntan a la necesidad de asesoramiento especializado.
En última instancia, apoyarse en un despacho español experto en litigación internacional y tecnológica será la mejor inversión: no solo traducirá las complejidades legales, sino que luchará activamente por los intereses de la empresa extranjera, aumentando las posibilidades de lograr una resolución justa y la compensación debida por el incumplimiento sufrido.
RRYP Global, abogados de litigios internacionales.
