Abogados de arrendamientos

La duración mínima de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual en España es de 5 años si el arrendador es una persona física y 7 años si es una persona jurídica, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, el contrato puede establecer una duración mayor y, una vez cumplido el plazo, se renueva automáticamente por prórrogas anuales hasta alcanzar un total de 5 o 7 años, salvo que el inquilino decida no renovarlo.

En alquileres de locales comerciales o naves industriales, la duración del contrato se pacta libremente entre las partes, sin un mínimo legal obligatorio.

Un propietario puede solicitar la recuperación de su vivienda en diferentes situaciones:

• Si ha finalizado el contrato y el inquilino no tiene derecho a prórroga legal.
• Si necesita la vivienda para uso propio o para un familiar en primer grado (siempre que haya avisado con al menos 2 meses de antelación).
• En caso de impago del alquiler o incumplimiento de otras cláusulas del contrato.

Para recuperar la vivienda de manera legal, el arrendador debe seguir un procedimiento específico, y en algunos casos, recurrir a un proceso de desahucio si el inquilino no abandona la vivienda voluntariamente.

Si un inquilino no paga el alquiler, el arrendador tiene varias opciones:

1. Reclamar la deuda directamente al inquilino, preferiblemente mediante un burofax para dejar constancia de la reclamación.
2. Iniciar un procedimiento de desahucio, que incluye la reclamación de las rentas impagadas y la recuperación de la vivienda. Este proceso puede llevarse a cabo mediante un juicio verbal por impago, que, si se tramita correctamente, permite desalojar al inquilino en un plazo reducido.
3. Negociar un acuerdo de pago para evitar la vía judicial, siempre que ambas partes estén de acuerdo y se establezcan garantías de cumplimiento.

En cualquier caso, es recomendable contar con asesoramiento legal para elegir la mejor estrategia y agilizar la recuperación de la propiedad sin riesgos legales.

1. Prórrogas automáticas obligatorias (5 o 7 años)

Si el contrato tiene una duración inferior a 5 años (o 7 si el arrendador es una persona jurídica), la prórroga es obligatoria para el arrendador hasta que se alcance dicho plazo, salvo que el inquilino comunique su intención de no renovar con al menos 30 días de antelación a la fecha de vencimiento de cada anualidad.

2. Prórroga tácita tras los 5 o 7 años (hasta 3 años más)

Cuando el contrato ha cumplido su período mínimo (5 o 7 años), si ninguna de las partes expresa su intención de finalizar el arrendamiento, este se prorroga automáticamente por periodos anuales hasta un máximo de 3 años adicionales.

• Para evitar esta prórroga, el arrendador debe notificar con al menos 4 meses de antelación su decisión de no renovar el contrato.
• El inquilino puede decidir no continuar con el alquiler notificándolo al menos con 2 meses de antelación.
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3. Renovaciones pactadas o modificaciones del contrato

Si ambas partes están interesadas en continuar con el contrato más allá de estos plazos, pueden negociar nuevas condiciones, como cambios en la renta, plazos o responsabilidades sobre mantenimiento y reparaciones. Estas modificaciones deben formalizarse por escrito en un anexo o contrato nuevo.