Litigación estratégica: justicia con impacto social y legal
¿Qué es la litigación estratégica?
El concepto de litigación estratégica ha ganado notable popularidad en los últimos años, aunque sigue generando confusión entre juristas, organizaciones y la sociedad civil.
Este enfoque jurídico se caracteriza por cuatro elementos clave que lo distinguen de la litigación convencional:
- Busca generar un impacto a largo plazo, con efectos que trascienden el caso concreto del demandante.
- Funciona como una herramienta de promoción o cambio social, más que como una simple reclamación individual, y puede adaptarse a múltiples objetivos.
- Tiene fines multifacéticos, que no se limitan al sistema judicial, sino que también buscan influir en políticas públicas, reformas legislativas o percepción social.
- Concibe el litigio de forma amplia, abarcando tanto tribunales nacionales como mecanismos internacionales de reparación.
Introducción
La litigación estratégica es un concepto cada vez más utilizado por profesionales del derecho, activistas y académicos.
Sin embargo, aún no existe una definición unificada o consensuada, pese a que se está consolidando una agenda de investigación emergente en torno a este fenómeno.
La noción de “litigio” resulta clara: implica recurrir a los mecanismos judiciales para plantear un conflicto y buscar una resolución, ya sea mediante sentencia o acuerdo.
La complejidad surge con el adjetivo “estratégico”, que introduce interrogantes sobre el alcance, la intención y el propósito del uso del derecho en este contexto.
Para comprender con mayor profundidad esta práctica jurídica en expansión, es fundamental identificar sus características esenciales y contrastarla con otros enfoques o modelos de litigación más tradicionales.
Definición de litigación estratégica
Organizaciones jurídicas y defensoras de derechos adoptaron inicialmente el término litigación estratégica para describir una práctica con un propósito más amplio que el de resolver conflictos individuales.
Con el tiempo, el concepto ha evolucionado para reflejar una forma de litigio orientada a generar impacto estructural o colectivo.
Un rasgo central de esta modalidad es su intencionalidad de producir efectos más allá del caso concreto, es decir, de beneficiar no solo al litigante que presenta la demanda, sino también a otras personas en situaciones similares.
La litigación estratégica aspira a generar cambios sociales y legales profundos, utilizando las decisiones judiciales como instrumento para reformar leyes, influir en políticas públicas y reforzar los derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, se entiende como un proceso jurídico en el que los casos se seleccionan y plantean con el objetivo específico de provocar un cambio normativo o institucional que beneficie a una comunidad más amplia.
Así lo reflejan numerosas organizaciones de derechos humanos, que subrayan la necesidad de enfocar estos procesos hacia el cambio sistémico, más allá de la justicia individual.
Este enfoque también implica una selección cuidadosa del litigante que representará el caso, ya que no solo se busca una resolución favorable, sino también un impacto comunicacional, simbólico y estratégico.
En este sentido, la sociedad civil desempeña un papel activo en la coordinación del litigio, eligiendo perfiles con capacidad de generar empatía pública y de visibilizar problemáticas estructurales.
No obstante, ello no implica que el litigante individual no obtenga beneficios.
En muchos casos, quienes emprenden este tipo de acciones también buscan promover los intereses colectivos de su comunidad o grupo social, aspirando a que el resultado del caso sirva como referente para otras personas en situaciones similares.
La litigación estratégica, por tanto, no persigue únicamente la victoria jurídica, sino dejar una huella duradera en el sistema legal y social.
Situaciones en las que procede la litigación estratégica
No todos los casos son aptos para ser tratados como litigios estratégicos.
Esta modalidad jurídica requiere condiciones específicas, tanto en términos de contexto social como de viabilidad procesal.
Además, iniciar una demanda estratégica implica una inversión considerable de tiempo, recursos económicos y humanos, por lo que debe plantearse como una herramienta selectiva y meditada.
En muchas ocasiones, no es necesario llegar a los tribunales para promover una causa o alcanzar un objetivo social.
De hecho, la litigación estratégica suele reservarse para contextos donde otras vías —como el diálogo institucional o la presión social— han fracasado.
Esta opción se vuelve más pertinente cuando se enfrenta una resistencia persistente por parte de personas, entidades privadas o gobiernos, y cuando el conflicto jurídico refleja un problema estructural o social más amplio.
Antes de iniciar un proceso judicial con carácter estratégico, conviene formularse algunas preguntas clave:
- ¿La resolución judicial podría resolver o visibilizar un problema estructural?
- ¿El fallo tendría un efecto transformador más allá del caso individual?
- ¿Es un tema comprensible y comunicable a la opinión pública y los medios?
- ¿Cuál es el potencial de impacto mediático?
- ¿Existen vías alternativas más eficaces que el litigio?
- ¿El sistema judicial es independiente y receptivo a este tipo de demandas?
Este análisis previo permite determinar si el contexto jurídico y social es favorable a una estrategia de litigación con efecto multiplicador, especialmente cuando se trabaja con normas legales ambiguas o poco desarrolladas.
Estas circunstancias, aunque más arriesgadas, ofrecen oportunidades para crear precedentes innovadores y abrir camino a nuevas interpretaciones legales.
En algunas jurisdicciones, los tribunales incluso pueden ordenar medidas estructurales que obliguen a los demandados —ya sea un Estado, una empresa o una institución— no solo a cesar la conducta lesiva, sino también a implementar mecanismos correctivos que garanticen la no repetición y la reparación integral.
Algunos ejemplos emblemáticos de litigación estratégica incluyen:
- El caso de un activista que demandó a un Estado para erradicar el trabajo infantil y garantizar acceso a la educación, lo que resultó en reformas estructurales.
- La sentencia de un tribunal internacional que obligó a un país a mejorar las condiciones en centros de detención juvenil, estableciendo estándares mínimos de protección de derechos.
Este tipo de procesos suele involucrar derecho internacional de los derechos humanos o derecho internacional público, lo que requiere analizar la interacción entre el ordenamiento jurídico interno y el marco legal internacional, así como el valor que se otorga a las decisiones de organismos internacionales o cuasi-jurisdiccionales.
Un ejemplo claro es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que contempla la posibilidad de presentar denuncias individuales ante un comité internacional cuando se producen vulneraciones graves.
Estas comunicaciones pueden ser claves en procesos estratégicos orientados a reformar prácticas estatales o institucionales.
Requisitos procesales y tiempos en la litigación estratégica
Uno de los aspectos clave en cualquier proceso de litigación estratégica es conocer los requisitos procesales y los plazos legales aplicables.
Cada tipo de demanda cuenta con sus propios tiempos, por lo que es esencial analizar con precisión cuál es el plazo para presentar una reclamación ante el órgano competente.
En la mayoría de los casos, el plazo de prescripción comienza a computarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que motivan la demanda.
Sin embargo, en determinadas situaciones —por ejemplo, cuando el daño no es inmediato o evidente—, el cómputo puede iniciar a partir de la fecha en la que la persona afectada tuvo conocimiento del perjuicio.
Además, en los casos que involucran a menores de edad, es habitual que el plazo no comience a correr hasta que alcanzan la mayoría de edad, con el fin de proteger sus derechos y permitirles ejercer sus reclamaciones legalmente.
Uno de los requisitos fundamentales en litigios ante tribunales internacionales es el agotamiento de los recursos internos.
Esto significa que antes de presentar el caso ante instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o alguno de los Comités de tratados de la ONU, la persona demandante debe haber agotado todas las vías judiciales disponibles en su país.
Además, suele existir un plazo máximo para elevar el caso a la instancia internacional, que generalmente es de seis meses desde que se dictó la última resolución firme en el ámbito interno.
Ahora bien, existen excepciones a estos requisitos.
Si se demuestra, por ejemplo, que los tribunales internos son corruptos, ineficaces o que la persona afectada no tuvo acceso real a la justicia, el requisito de agotamiento puede quedar eximido.
Lo mismo ocurre si el incumplimiento del plazo se debe a causas ajenas al demandante, lo que puede justificar una prórroga del plazo de presentación.
En cuanto a los tiempos del proceso judicial, hay que tener en cuenta que la duración del litigio puede ser incierta.
Factores como la complejidad del caso, el número de partes involucradas, la voluntad de las partes para alcanzar un acuerdo o la carga de trabajo del tribunal pueden alargar significativamente el procedimiento.
Cuanto más complejo sea el asunto, más probable es que el proceso se extienda durante años.
Asimismo, en ciertos sistemas jurídicos es posible solicitar medidas cautelares o provisionales al inicio del proceso.
Estas medidas tienen como finalidad evitar que se cause un daño irreparable mientras se resuelve el fondo del asunto.
Una vez dictada sentencia, dichas medidas pueden transformarse en definitivas, ser modificadas o incluso levantarse.
¿Quién puede iniciar un litigio estratégico?
Uno de los aspectos más debatidos del litigio estratégico es quién está legitimado para iniciar este tipo de procedimientos.
A menudo se plantea si una organización puede presentar una demanda en nombre de personas afectadas o si son estas quienes deben comparecer directamente ante los tribunales.
Lo más habitual es que se admita la posibilidad de que una entidad colectiva actúe en representación de los perjudicados, especialmente cuando estos enfrentan barreras prácticas o jurídicas para hacerlo por sí mismos.
Además, el análisis de la legitimación activa abarca también la intervención de terceros interesados.
Estos pueden ser personas u organizaciones que, si bien no han sufrido directamente los efectos de las acciones denunciadas, tienen un interés legítimo en el resultado del litigio.
Su participación puede enriquecer el debate jurídico y ampliar el impacto del caso en términos sociales y normativos.
Un mecanismo complementario a esta intervención directa es la figura del amicus curiae, expresión latina que significa “amigo del tribunal”.
Este recurso permite que terceros, normalmente organizaciones expertas o entidades con experiencia en la materia, presenten informes legales o técnicos para ayudar al tribunal a tomar una decisión más informada.
Aunque no son parte formal del proceso, su contribución puede resultar clave en litigios estratégicos con implicaciones jurídicas y sociales amplias.
También existen las llamadas demandas colectivas, que permiten a un pequeño grupo de personas o a una organización representativa litigar en nombre de un colectivo más amplio.
Este formato es especialmente útil cuando el número de personas afectadas por una política, norma o actuación es elevado, y permite centralizar el litigio en una única acción judicial, evitando múltiples procesos con argumentos similares.
Este tipo de herramientas —la representación legal por parte de organizaciones, la intervención de terceros interesados, el uso de amicus curiae y las demandas colectivas— son fundamentales para maximizar el alcance y la efectividad del litigio estratégico, contribuyendo a su capacidad para generar cambios estructurales y precedentes judiciales duraderos.
Cómo elegir al demandado en un litigio estratégico
Tan importante como seleccionar a quién representará el caso es determinar quién debe ser demandado, lo que en Derecho se conoce como legitimación pasiva.
En algunos casos, esta identificación es evidente, pero en muchos otros pueden existir múltiples posibles responsables, lo que requiere un análisis estratégico más profundo.
Para tomar la decisión adecuada, es esencial considerar:
- Las normas legales aplicables al caso concreto.
- Las reglas de procedimiento y competencia jurisdiccional, que pueden condicionar o incluso imponer quién debe ser demandado.
- La probabilidad de éxito según la conducta, los antecedentes o la capacidad de respuesta del posible demandado.
En el contexto de la litigación estratégica, los demandados más habituales suelen ser órganos del Estado, especialmente cuando se trata de violaciones de derechos humanos derivadas de omisiones, negligencias o prácticas sistemáticas de las autoridades gubernamentales, como los poderes ejecutivos, legislativos o judiciales.
La razón de esta elección radica en que el objetivo del litigio estratégico no es solo obtener justicia en un caso particular, sino provocar cambios estructurales en las políticas públicas o en la legislación.
Por ello, las demandas suelen dirigirse contra entidades gubernamentales con poder para modificar las condiciones que originan la violación de derechos o que tienen capacidad para implementar soluciones de mayor alcance social.
¿Dónde se puede presentar un litigio estratégico?
Uno de los requisitos habituales de los órganos jurisdiccionales internacionales es que el caso haya sido previamente presentado ante los tribunales del país donde se ha producido la vulneración de derechos.
Es lo que se conoce como agotamiento de los recursos internos.
Por tanto, la vía inicial para interponer un litigio estratégico suele ser ante tribunales locales, regionales o nacionales, conforme a las normas internas del Estado en cuestión.
Cada jurisdicción establece reglas específicas sobre quién puede demandar y en qué condiciones, incluyendo requisitos como la residencia legal, la ciudadanía o la legitimación activa del demandante.
Asimismo, la legislación y la jurisprudencia aplicable en dicha jurisdicción será determinante para el desarrollo y el resultado del caso.
Solo una vez agotadas esas vías internas, y en caso de que la cuestión no se haya resuelto satisfactoriamente, se podrá plantear el litigio ante organismos internacionales o supranacionales, como tribunales de derechos humanos o comités establecidos por tratados internacionales.
En este punto, resulta clave conocer el sistema jurídico del país en cuestión. Existen dos grandes enfoques:
- En los sistemas monistas, los tratados y acuerdos internacionales tienen efecto directo una vez ratificados, por lo que pueden ser invocados directamente ante los tribunales nacionales.
- En los sistemas dualistas, los tratados internacionales requieren una norma interna de transposición antes de que sus disposiciones sean aplicables judicialmente.
Por tanto, si tu litigio estratégico tiene una dimensión internacional, resultará más accesible en un sistema monista, donde bastará con que el tratado haya sido ratificado y esté en vigor para que pueda ser aplicado por los jueces nacionales.
Esto puede facilitar significativamente el desarrollo del caso y la obtención de una sentencia favorable.
RRYP Global, abogados de litigios internacionales.
