Abogados para startups y empresas extranjeras en España

Sí. Tanto personas físicas como jurídicas extranjeras pueden constituir sociedades en España. Solo se requiere un NIE para los socios y administradores, y una dirección fiscal en el país.

Depende del objetivo y estructura del grupo. Las más habituales son la sociedad limitada (SL) y la sucursal. Cada una tiene implicaciones fiscales, contables y de responsabilidad diferentes.

Entre 2 y 4 semanas, si se gestionan bien los trámites. Puede acortarse con escritura preacordada, firma electrónica y coordinación notarial eficiente.

El Código de Comercio español regula la contratación mercantil. Si hay componente internacional, puede aplicarse el Reglamento Roma I o pactarse jurisdicción y ley aplicable.

Registrándola ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o, si deseas cobertura en la UE, ante la EUIPO. Es recomendable hacerlo antes de lanzar tu actividad.

Sí, pero deberás cumplir la normativa española si prestan servicios en territorio nacional. El contrato y condiciones deben adaptarse a las normas locales, incluso si el vínculo nace fuera.

Puedes reclamar judicialmente en España, si el contrato no establece otra jurisdicción. También cabe acudir a mediación o arbitraje, según lo pactado.

Tienen valor contractual entre firmantes. Se recomienda su integración en estatutos o su protocolo de ejecución claro, especialmente si hay inversores o socios extranjeros.

Solo si es de mutuo acuerdo, sin hijos menores o con discapacidad, según la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria.

Debe revisarse el pacto de socios, los estatutos y posibles derechos de adquisición preferente o limitaciones a la transmisión. En muchos casos, requiere aprobación societaria.

Puedes litigar ante los tribunales españoles si no hay cláusula arbitral. RRYP Global puede intervenir en fase precontenciosa y contenciosa, analizando el derecho aplicable y estrategias posibles.

Solo si la has registrado en España o en la UE. Las marcas no tienen validez automática entre países. El uso no registrado puede generar conflictos.

Porque el marco legal español es específico y, si no se interpreta correctamente desde una lógica empresarial comparada, puede generar costes, conflictos o bloqueos operativos evitables.