Defensa penal económica en España para directivos, empresas y particulares con dimensión internacional

El derecho penal económico es una rama del derecho que se ocupa de delitos relacionados con la actividad empresarial, financiera y patrimonial. Estos delitos, conocidos como delitos económicos, afectan tanto a empresas como a particulares y pueden tener graves consecuencias legales, financieras y reputacionales.

Contactar con un abogado penalista de inmediato. No declares sin asistencia. Analizaremos la denuncia, el riesgo penal real y las opciones de defensa antes de cualquier actuación.

Sí. Si el delito se ha cometido en España, afecta a una empresa española o tiene conexión territorial, la justicia española puede abrir causa aunque no residas en el país.

Sí. Intervenimos como acusación particular en nombre de empresas afectadas por apropiaciones, fraudes internos, falsificaciones o delitos societarios.

Fraude, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, con o sin componente internacional.

La vía penal implica responsabilidad penal (con posibles penas de prisión), mientras que la civil solo implica indemnizaciones. Estudiamos si el caso debe ir por vía penal o no.

Sí. En casos con dimensión internacional puede haber cooperación judicial entre países. Valoramos cómo esa información puede influir en tu defensa o en la causa abierta aquí.

Sí. La ley penal española permite la responsabilidad penal de personas jurídicas. Representamos tanto a empresas investigadas como a aquellas que necesitan proteger su posición.

Representamos a clientes en toda España, especialmente en causas complejas con impacto económico o internacional, sin limitarnos al ámbito territorial de un juzgado concreto.

Valoramos la prueba, el tipo de delito, el riesgo penal y las opciones reales. Te damos una opinión clara y razonada. La decisión final siempre será tuya, con la información adecuada.

Se aplica el régimen económico matrimonial elegido o, en su defecto, el establecido por la ley aplicable (frecuentemente la española), y se puede necesitar exequátur para bienes en el extranjero.

Puede afectar a tu actividad profesional, reputación y capacidad de operar con administraciones o terceros. En algunos casos puede evitarse mediante acuerdos o suspensión de condena, si se gestiona bien desde el inicio.