Reclamar una pensión alimenticia en el extranjero desde España
¿Qué es una pensión alimenticia internacional?
La pensión alimenticia internacional es una obligación legal que tiene un progenitor de proporcionar apoyo económico a sus hijos o a su expareja cuando residen en distintos países.
Su regulación depende de acuerdos internacionales, tratados bilaterales y normativas nacionales que garantizan su cumplimiento y ejecución en jurisdicciones extranjeras.
En el ámbito del derecho de familia internacional, existen mecanismos que permiten reclamar y hacer efectiva una pensión alimenticia cuando el obligado al pago reside fuera de España.
Estos mecanismos varían dependiendo de si el país de destino pertenece a la Unión Europea o no.
Pensión alimenticia en otro país de la UE
Dentro de la Unión Europea, destacamos que la legislación facilita la reclamación y ejecución de pensiones alimenticias gracias a normativas comunes.
Reglamento (CE) 4/2009
Uno de los principales instrumentos legales es el Reglamento (CE) 4/2009, que establece normas claras para la cooperación entre Estados miembros en materia de alimentos familiares.
Este reglamento reconoce y ejecuta automáticamente en otro Estado miembro las resoluciones sobre pensión alimenticia dictadas en un Estado miembro, sin necesidad de procedimiento de exequátur, lo que simplifica el proceso de ejecución.
Pensión alimenticia en un país fuera de la UE
Cuando el progenitor obligado al pago reside en un país fuera de la Unión Europea, el proceso puede ser más complejo, dependiendo de los acuerdos bilaterales existentes entre España y el país en cuestión.
Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil (Ley 29/2015)
La Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil (Ley 29/2015)
establece el proceso de exequátur como un procedimiento especial para el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en España.
El exequátur resulta crucial para ejecutar sentencias de pensión alimenticia dictadas en el extranjero, ya que permite reconocer y ejecutar dichas resoluciones en territorio español.
Artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Regula la ejecución de títulos ejecutivos extranjeros en España, por lo tanto, indica que se debe seguir lo dispuesto en los tratados internacionales y las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional.
Tratados internacionales
El Convenio de La Haya de 2007 sobre Obligaciones Alimenticias es uno de los principales tratados aplicables en estos casos, ya que establece normas para la cooperación entre Estados en la ejecución de resoluciones judiciales sobre pensión alimenticia.
¿Cómo reclamar una pensión alimenticia en un país de la UE?
Entonces, para reclamar una pensión alimenticia en un país miembro de la UE, se deben seguir los siguientes pasos:
- Obtener una resolución judicial en España: Si la pensión alimenticia no ha sido establecida previamente, es necesario presentar una demanda ante los tribunales españoles para obtener una sentencia.
- Solicitar la ejecución de la resolución: Gracias al Reglamento (CE) 4/2009, las resoluciones en materia de pensión alimenticia dictadas en España son automáticamente reconocidas en otros países de la UE sin necesidad de exequátur.
- Contactar con la Autoridad Central Española: El Ministerio de Justicia en España actúa como intermediario para transmitir la solicitud a la autoridad competente en el país donde reside el deudor.
- Tramitar el embargo de bienes o ingresos: En caso de impago, se puede solicitar la retención de salarios o cuentas bancarias del obligado a pagar.
Consecuencias del impago de la pensión alimenticia en España
Artículo 227 del Código Penal
El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.
La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.
El artículo 227 del Código Penal español tipifica el delito de abandono de familia, sancionando con penas de prisión de 3 meses a 1 año o multas de 6 a 24 meses a quienes incumplan el pago de una prestación económica destinada al cónyuge o a los hijos.
Esta obligación puede derivarse de un proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o pensión de alimentos.
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Conclusión
Reclamar una pensión alimenticia en el extranjero desde España puede ser un proceso complejo que requiere el conocimiento de la normativa internacional aplicable.
La existencia de convenios internacionales facilita el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en muchos países, aunque en algunos casos es necesario recurrir a procedimientos judiciales locales.
Además, para garantizar una reclamación exitosa, es recomendable contar con el apoyo de abogados de derecho de familia internacional, quienes pueden asesorar sobre la mejor estrategia legal en cada caso y asegurar el cumplimiento de los derechos de los beneficiarios de la pensión alimenticia.
Preguntas frecuentes (FAQs)
Los mecanismos varían según si el país pertenece a la UE o no. En la UE, rige el Reglamento (CE) 4/2009, mientras que fuera de la UE, se aplican tratados internacionales.
Este reglamento reconoce y ejecuta automáticamente en otro Estado miembro una resolución sobre pensión alimenticia dictada en un país de la UE, sin necesidad de un procedimiento judicial adicional.
La Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil establece que, si no hay un tratado internacional aplicable, se debe seguir el procedimiento de exequátur, que permite el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en España.
Este convenio regula la cooperación entre Estados para garantizar la ejecución de resoluciones sobre pensiones alimenticias, estableciendo un marco común para facilitar su reconocimiento sin necesidad de trámites adicionales complejos.
El Código Penal español (artículo 227) tipifica el impago como un delito de abandono de familia, imponiendo penas de prisión o multas y obligando al deudor a pagar las cantidades adeudadas.
RRYP Global. abogados de derecho de familia internacional.
