En custodia internacional de menores, la cuestión de qué Estado decide no responde a criterios intuitivos ni a preferencias personales.
Se trata de una determinación de competencia judicial sujeta a reglas estrictas, que operan con independencia de la percepción de las partes y que penalizan de forma severa cualquier actuación improvisada.
La experiencia demuestra que la diferencia entre un asunto jurídicamente gobernable y un conflicto prolongado en el tiempo rara vez reside en una decisión aislada.
Suele encontrarse, de forma mucho más prosaica, en dónde queda fijada la competencia y en qué momento del procedimiento se consolida ese anclaje.
Para progenitores con un perfil internacional -residencias en distintos países, movilidad frecuente o decisiones transfronterizas sobre escolarización, desplazamientos o estancias- el riesgo principal no es obtener una resolución desfavorable en el corto plazo, sino quedar vinculados durante años a un foro y a una dinámica decisoria que no se anticiparon y cuya corrección posterior resulta compleja y costosa.
¿Qué país es competente para decidir una custodia internacional?
En Europa, el marco principal es el Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter / IIb), vigente y aplicable a procedimientos iniciados desde agosto de 2022.
Su lógica de base es simple, pero exigente: el tribunal competente, por regla general, es el del Estado donde el menor tiene residencia habitual en el momento en que el tribunal queda “apoderado” (art. 7 Reglamento (UE) 2019/1111).
Esto desplaza el foco desde “dónde nacimos” o “qué pasaporte tiene el menor” hacia una cuestión de hecho: dónde está su centro de vida real cuando se inicia el procedimiento.
Dos matices que suelen sorprender a quien planifica sin asesoramiento especializado:
- No todo es UE. Con terceros Estados entran en juego los Convenios de La Haya (1996/1980), que no son accesorios: ordenan competencia, cooperación y retorno.
- No todo es uniforme incluso dentro de la UE: por ejemplo, el Reglamento no se aplica a Dinamarca.
Conclusión operativa: antes de hablar de estrategia, hay que identificar el instrumento aplicable. Si se equivoca aquí, todo lo demás es ruido.
¿Qué es “residencia habitual” y por qué no se resuelve con un certificado?
La residencia habitual no es un domicilio administrativo ni un “papel” aislado.
Es un concepto jurídico fáctico: se construye con realidad, continuidad e integración.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) lo ha formulado con precisión: la residencia habitual corresponde al lugar que refleja “algún grado de integración del menor en un entorno social y familiar”.
Y añade algo relevante para su planificación: la determinación exige valorar todas las circunstancias del caso (duración y regularidad de la estancia, condiciones y motivos del traslado, escolarización, vínculos sociales, etc.), no un único indicador.
En menores, el TJUE refuerza la idea de que el análisis no puede reducirse a “presencia física”. El tribunal debe apreciar el conjunto de hechos relevantes del caso para fijar la residencia habitual, atendiendo a las particularidades de esa etapa.
Respecto a lactantes (bajo la guardia de su madre), debe evaluarse la integración de esta en su entorno social y familiar.
En ese aspecto pueden tenerse en cuanta los criterios enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como las razones del traslado de la madre del menor a otro Estado miembro, los conocimientos lingüísticos de ésta o también sus orígenes geográficos y familiares.
¿Qué cambia si el menor se traslada legalmente a otro país?
Cuando el traslado es lícito dentro de la UE y el menor adquiere nueva residencia habitual, el Reglamento prevé una regla muy específica: durante tres meses (art.8 Reglamento (UE) 2019/1111), el Estado de la anterior residencia habitual puede conservar competencia para modificar una resolución sobre derecho de visita (bajo condiciones).
Este tipo de norma ilustra por qué la custodia internacional no es “sentido común”. Dos errores típicos en perfiles internacionales:
- tratar un traslado como “logística” y descubrir tarde que ha reconfigurado el foro;
- negociar estancias internacionales sin calibrar que ciertos ajustes tienen ventanas temporales y dependencias normativas.
No hace falta estar en emergencia para que el calendario empiece a jugar: basta con que haya un traslado en marcha y que el sistema pueda leerlo como consolidación de residencia habitual.
Abogados de custodia internacional en España
Los conflictos internacionales de custodia requieren una intervención jurídica temprana y técnicamente precisa. Este despacho asume un número limitado de asuntos complejos.
¿Qué pasa si hay traslado o retención ilícitos (sustracción internacional)?
Aquí se mezclan dos planos: competencia y retorno.
Competencia (UE)
En caso de traslado o retención ilícitos, el Reglamento preserva (con carácter general) la competencia del Estado donde el menor era habitualmente residente inmediatamente antes del hecho, hasta que se cumplan condiciones para el eventual “desplazamiento” de competencia.
Retorno (Convenio de La Haya 1980)
El Convenio de 1980 define cuándo un traslado/retención es ilícito (por vulneración de derechos de custodia efectivamente ejercidos).
Y contiene un umbral temporal que cambia el terreno procesal: si el procedimiento se inicia antes de un año, la autoridad debe ordenar el retorno “sin demora”; pasado el año, se abre la discusión sobre integración en el nuevo ambiente.
Competencia y cooperación (Convenio de La Haya 1996)
El Convenio de 1996 mantiene como regla general la competencia del Estado de residencia habitual del menor para medidas de protección. (Art. 5)
Y prevé una regla paralela de conservación de competencia en caso de traslado/retención ilícitos, con lógica de umbral temporal y “asentamiento” similares. (Art.7)
Lectura estratégica (sin dramatismo): en escenarios de riesgo, esperar suele empeorar el encaje jurídico, porque permite que se acumulen condiciones fácticas relevantes para residencia habitual y para excepciones.
¿Se puede elegir el tribunal por acuerdo entre progenitores?
A veces sí, pero no como un “pacto privado” libre.
El Reglamento permite la elección de tribunal en responsabilidad parental bajo filtros: vínculo relevante con el Estado elegido, aceptación/acuerdo válido y control judicial (incluida la compatibilidad con el interés del menor). (Art. 10)
Para un cliente internacional con aversión a la improvisación, esto es clave: un acuerdo puede ser una herramienta de estabilización… o una falsa seguridad si está fuera de carril (por forma, por conexión insuficiente o por falta de aceptación válida).
¿Qué ocurre si se abren procedimientos en dos países a la vez?
En la UE, el sistema intenta evitar el caos con una regla de litispendencia: cuando hay procedimientos relativos al mismo menor y misma causa ante tribunales de distintos Estados miembros, el segundo tribunal apoderado debe suspender hasta que se establezca la competencia del primero; si se confirma, declina (art. 20).
Este es uno de los puntos donde “actuar a tiempo” no significa pelear antes, sino no perder control del carril.
En custodia internacional, la secuencia procesal importa porque el sistema la utiliza para ordenar el conflicto.
¿Hay medidas urgentes aunque el “fondo” corresponda a otro país?
Sí, pero con alcance delimitado.
El Reglamento permite medidas provisionales/urgentes en determinados supuestos, incluso si otro Estado es competente para el fondo. (art. 15)
Y el Convenio de 1996 también contempla medidas urgentes por autoridades del Estado donde el menor está presente, con caducidad funcional cuando el Estado competente adopta las medidas necesarias.
Esto importa por una razón: lo urgente puede ser útil para estabilizar una situación, pero no debe confundirse con fijación de jurisdicción ni con victoria estructural.
En manos no especializadas, las medidas urgentes a veces crean una falsa sensación de control… y luego el caso se decide en otro foro.
¿Por qué actuar a tiempo lo cambia todo?
Porque el sistema fija competencia con un corte temporal y una lectura de hechos.
- Competencia: por regla general, se engancha a la residencia habitual al tiempo de apoderamiento.
- Residencia habitual: no es una declaración; es una conclusión judicial basada en integración y circunstancias concretas.
- Umbrales (3 meses / 1 año, etc.): el derecho incorpora ventanas temporales que cambian el marco de discusión.
- Litispendencia: la secuencia de procedimientos puede imponer un carril.
Dicho sin retórica: en un contexto internacional, “dejar pasar unas semanas” puede ser equivalente a ceder jurisdicción de facto si el conjunto de hechos empieza a encajar mejor en el otro Estado.
Abogados de custodia internacional en España
Los conflictos internacionales de custodia requieren una intervención jurídica temprana y técnicamente precisa. Este despacho asume un número limitado de asuntos complejos.
Cómo se aborda un caso transfronterizo con método (y sin improvisación)
Cuando el asunto es internacional, el trabajo serio no empieza con una demanda ni con un “acuerdo estándar”.
Empieza con una arquitectura de control:
- Determinar con precisión el instrumento aplicable (UE / La Haya 1996 / La Haya 1980, y combinaciones).
- Modelizar el caso como lo ve un tribunal: residencia habitual como hipótesis probatoria, no como etiqueta.
- Diseñar el posicionamiento con una lógica de riesgo jurisdiccional y temporal, no con voluntarismo.
Esa metodología existe, es medible y se apoya en criterios y jurisprudencia.
Pero no se reduce a una lista pública ni a un “manual replicable”: lo que marca la diferencia es la ponderación fina de hechos y tiempos, la coordinación transfronteriza y la experiencia en cómo se comportan los procedimientos cuando hay dos países compitiendo por el caso.
Si su situación reúne dos jurisdicciones plausibles, el objetivo profesional no es “ganar ya”: es evitar que dentro de 3 años esté litigando (o ejecutando) en dos sitios distintos por decisiones que hoy parecían pequeñas.
RRYP Global, abogados de custodia internacional de hijos menores.
