Abogados de derecho concursal internacional

El concurso de acreedores es el proceso legal diseñado para que un deudor insolvente pueda enfrentar, dentro de sus capacidades, sus obligaciones financieras. Dependiendo del número y monto de los acreedores en contra del deudor, puede resultar imposible saldar todas las deudas en su totalidad.

El concurso de acreedores consta de varias fases.

• I. Fase común. La fase común se inicia con la declaración del concurso de acreedores y se centra en la determinación de la situación financiera del deudor. Esto se logra mediante la elaboración de un inventario de sus activos y derechos, así como una lista de sus acreedores, donde se detallan y clasifican los créditos. Toda esta documentación es preparada por la administración concursal.

• II. Fase de convenio. Durante esta fase, se gestiona el convenio de acreedores, el cual necesita tanto el consentimiento de los acreedores como la aprobación judicial para su validez. El convenio representa una vía común para salir del concurso y suele implicar, entre otras opciones, la condonación parcial de deudas y la postergación de pagos.

• III. Fase de liquidación. Esta etapa puede ser iniciada por el concursado en cualquier momento o por la administración concursal en caso de cese de actividad empresarial o profesional. También se activa si no se presenta o aprueba el convenio de acreedores, o si este se incumple luego de su aprobación. Es la otra forma habitual de finalizar el concurso, involucrando la venta de activos para pagar a los acreedores con los ingresos obtenidos.

• IV. Sección de liquidación. Esta fase, de carácter eventual, busca determinar si la insolvencia del deudor fue causada por dolo o culpa grave. En caso afirmativo, se calificará el concurso como culpable; de lo contrario, se considerará fortuito. La calificación culpable conlleva consecuencias patrimoniales y puede resultar en la inhabilitación del deudor para administrar bienes o representar a terceros.

Cuando una empresa no puede cumplir con sus pagos, es fundamental actuar a tiempo. La ley prevé mecanismos como la solicitud voluntaria de concurso de acreedores, que permite reestructurar deudas o liquidar ordenadamente la empresa. También se puede iniciar una negociación anticipada con acreedores para evitar consecuencias más graves.

Sí. De hecho, anticiparse es clave. La ley permite iniciar procesos de negociación con acreedores, incluso confidenciales, para alcanzar acuerdos de pago o quitas antes de la intervención judicial. Es una medida eficaz para preservar la reputación y el funcionamiento del negocio.

Si no se actúa legalmente, los acreedores pueden iniciar demandas, embargos o ejecuciones. Además, la pasividad del administrador puede conllevar su responsabilidad personal por agravamiento de la insolvencia. Por eso es esencial asesorarse antes de llegar a ese punto.

El administrador debe solicitar el concurso en un plazo máximo de dos meses desde que detecta la insolvencia. Si no lo hace, puede ser considerado responsable del perjuicio a los acreedores y responder con su patrimonio personal en casos de concurso culpable.

Dependerá del país y de si España tiene acuerdos con ese Estado. Si el procedimiento principal se inicia en España, puede tener efectos en toda la UE gracias al Reglamento (UE) 2015/848, que permite el reconocimiento de concursos en otros Estados miembros.

Si tienes acreedores fuera de España, es fundamental analizar si pueden ejecutar reclamaciones en su país o en el tuyo. Un procedimiento concursal bien planteado puede paralizar ejecuciones y coordinarse con los tribunales extranjeros si se aplica normativa europea.

Sí, siempre que se actúe con diligencia. Solicitar el concurso dentro de plazo y gestionar la crisis con transparencia puede evitar que el administrador tenga que responder con sus bienes personales.

El concurso no implica la cancelación automática de contratos. Pero permite su revisión, resolución o mantenimiento según lo que sea más favorable para la masa concursal. Debe analizarse caso por caso.

El concurso de acreedores puede generar los siguientes efectos en relación con la persona del deudor:

• Posibilidad de imponer restricciones a sus derechos y libertades.

• El concurso puede llevar a la inhabilitación del concursado, decisión que el Juez puede tomar en la sentencia de calificación.

• El Juez también puede tomar las siguientes medidas:
  • Intervenir las comunicaciones del deudor, con la garantía del secreto de los contenidos ajenos al interés del concurso.
  • Establecer el deber de residencia del deudor en la población donde tenga su domicilio.
  • Autorizar la entrada y registro en el domicilio del deudor.

En caso de ser un concurso voluntario, el deudor retendrá las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio. Sin embargo, estas facultades estarán sujetas a la intervención de los administradores concursales, quienes deberán autorizar o consentir su ejercicio.

Sí. Si la filial tiene su centro de intereses principales en España, puede iniciarse un procedimiento concursal ante los tribunales españoles, aunque los administradores o socios se encuentren fuera del país.